CAMAGRO Exige a PDH Pronunciarse por Casos de Funcionarios Víctimas de Agresiones
Ante los hechos violentos registrados recientemente en el Municipio de El Estor, Izabal, en donde un grupo de invasores que sustrajeron ilegalmente maderas de rosul de la Finca Murciélago, robaron armas de fuego y un vehículo propiedad del Estado y, secuestraron y golpearon a seis agentes de DIPRONA,
MANIFESTAMOS:
- Que los derechos humanos, y en especial el derecho a la vida son derechos de todos los ciudadanos –sin excepción-, incluyendo aquellos que ejercen la función pública. Y por lo tanto deben ser respetados y garantizados por igual.
- Nuestra solidaridad con los agentes y funcionarios que en el ejercicio de sus cargos, cumpliendo con sus funciones conforme a la Ley, han sido víctimas de secuestro, o han sido amenazados en su integridad física, agredidos y vapuleados y en casos más graves han sido heridos de bala por parte de grupos delincuentes.
- Que son muchos los casos, en diferentes Departamentos como San Marcos, Alta Verapaz e Izabal, solo por mencionar algunos ejemplos, en donde fiscales del Ministerio Público, agentes de la PNC, auxiliares de Justicia, alcaldes y en este último agentes de DIPRONA, son víctimas de actos en contra de su integridad física, sin que se conozcan los resultados de la persecución penal en contra de los agresores y la deducción de responsabilidades como corresponde.
- EXIGIMOS al Procurador de los Derechos Humanos, vigilar y pronunciarse de manera pública condenando estos actos de violencia, en defensa de los derechos humanos y el derecho a la vida de estos ciudadanos guatemaltecos que ejercen la función pública, velando porque las Autoridades de Gobierno y las Autoridades Justicia hagan valer estos derechos interponiendo las denuncias penales correspondientes en contra de los agresores y deduciendo las responsabilidades de Ley.
- Al Congreso de la República, velar por el debido cumplimiento de las funciones y obligaciones que según artículos 273, 274 y 275 la Constitución Política de la República confiere a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y al Procurador de los Derechos Humanos.
